BLANQUEO DE DINERO

 

            Durante más de cuarenta años, he estado ahorrando para poder disfrutar de una jubilación un poco más holgada. Primero mediante aportaciones que hacía mi empresa a un “Fondo Común”, dotándolo con parte de los beneficios que se obtenían, y luego mediante las aportaciones de mi empresa y las mías a mi Plan de Pensiones resultante de la externalización de ese “Fondo Común”.

            En el momento de mi jubilación, opté por disponer de la totalidad del Plan de Pensiones y administrar ese saldo yo mismo. Mi opción era, y es, muy simple: constituir un Depósito a Plazo puro y duro, que voy renovando cuando vence.

            Esta mañana he estado hablando con el banco al que voy a trasladar mi depósito este año. Y entre los documentos que me solicita para proceder a transferir el importe del depósito desde el banco en el que está actualmente, me pide una fotocopia de la carta que me acaba de enviar el INSS comunicándome la actualización (¿?) de mi pensión. Ante mi sorpresa por esta petición, la amable empleada que me atiende me informa de que, al parecer, necesitan los bancos un justificante de la procedencia de los ingresos de sus clientes. Me indican que “por aquello del blanqueo de capitales”. Y claro, no puedo más y me descojono.

            Desde mi primer sueldo, 250 pesetas (parte proporcional de una paga que se llamó “de los 25 años de paz”) que cobré en abril de 1.964, hasta el último euro de la pensión que acabo de recibir hace dos días, han estado controlados y blanqueados mes a mes, por un detergente social y solidario llamado IRPF.  

            Tengo la sensación de que, como soy mayor de 65 años, lo mismo que me recomiendan vacunarme contra la gripe al ser “grupo de riesgo”, también ahora debo vacunarme contra “el dinero negro”; no sé si también seré “grupo de riesgo”.

           Claro está, que si esta vacunación se hubiera comenzado hace muchos años, no nos encontraríamos con la epidemia que estamos padeciendo hoy. Valga como botón de muestra el artículo que publica hoy “El País”, “La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios” http://bit.ly/YzKSv5.

Se da la coincidencia de que uno de esos políticos a los que alude el artículo es Guillermo Ortega, anterior alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005. Guillermo, Willy, para los que le conocimos despachando cajetillas en un  estanco,  o de ayudante del guarda jurado de El Zoco de Majadahonda, es un ejemplo palmario del tonto útil tan necesario en ese mundo del blanqueo. Y como a todos los tontos les da por lo mismo, pues sus mentores le sitúan, le colocan, y tal y tal.    http://bit.ly/ViyZVS . ¿A que es muy sencillo?.  Solo hace falta una condición indispensable: ser golfo.

ME HE HECHO INSUMISO

 

            El pasado viernes acudí a mí farmacia habitual para retirar tres medicamentos que me había prescrito mi médica de atención primaria. Soy pensionista desde hace cinco años y estuve cotizando a la Seguridad Social durante cuarenta y tres. Por mi condición de pensionista, estoy pagando el 10 % del coste de los medicamentos.

            Pues bien, el precio venta al público de las tres recetas a las que me refiero es de 26,29 €,  y el coste para este pensionista es de 2,63 €. Al ir a pagar, me informan muy amablemente en la farmacia, que además tengo que pagar 1 € por cada receta, de acuerdo con la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid que entró en vigor el pasado 1 de enero, lo que implica que el pago debe ser de 5,63 €. Le comento a la farmacéutica que no pienso pagar esa tasa, facilitándome entonces unos formularios que tengo que rellenar, por triplicado y por cada receta, con mis datos personales y los de la receta cuya tasa me niego a pagar.

            Mi negativa a cumplir con esta polémica ley, recurrida por PP y PSOE ante el Constitucional, tiene dos sentidos. Uno, el de la discriminación a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, cuya salud tiene un precio “especial” y yo quiero ser igual de “normal” que el resto de mis conciudadanos de otras regiones. El otro sentido es el de la estafa, sí estafa, que supone encarecer de una manera arbitraria el coste de las medicinas. En el ejemplo real que estoy analizando, esta tasa supone un recargo del 11,41 % sobre el precio de venta al público. Pero en el caso de un pensionista como yo, el recargo de esa tasa supone un 114,06 %.

            Mi estado general de salud, del que no me puedo quejar para mi edad, me exige un consumo de cuatro medicamentos (cuatro recetas) mensuales, cuyo coste no excede de 50 €. Puedo pagar sin esfuerzo los 4 € mensuales de esa tasa, pero no lo voy a hacer por las razones que he expuesto anteriormente.

            Lo que más siento de esta actitud mía, es el trabajo inútil que le estoy ocasionando a mi farmacéutica. Ese trabajo que no está remunerado por el impulsor de la tasa, es un trabajo “por amor al arte”, como el que a mí me supone rellenar los formularios de negativa al pago de la tasa.

            Dudo mucho de que esa tasa dure mucho tiempo. Además, ¿seguro que, una vez descontado el coste burocrático del papeleo que han montado a los usuarios, a las farmacias y a la propia Administración, la recaudación va a ser positiva? ¿O todavía va a costar más la cinta que el manto?.

Esto es una prueba más, por si hubiera pocas, de que los actuales dirigentes de la Comunidad de Madrid, son “inútiles cum laude”; y la ciudadanía les importa un bledo. Aquí lo importante es guardar el sitio y llenar la bolsa como sea. ¡Ah!, y no se nos olvide que Dª Esperanza no se ha ido: está dirigiendo este teatro de marionetas.