QUERER

Anteayer estaba comprando mi periódico en el kiosko del que soy habitual y coincidí con mi vecino Álvaro. En la conversación que mantuvimos hasta casa, hablamos de los temas de más actualidad: reformas, recortes, déficit, impuestos, nuevas tasas, … … . Yo le comentaba que, en mi opinión, todo venía del mismo origen: la crisis financiera mundial y la nuestra particular. También le comentaba que la docilidad de los políticos, nacionales y supranacionales, a los  terroristas financieros  (ya les llamo así directamente) es sencillamente vergonzosa. Ponía el ejemplo de la diferencia de tributación, el 21 % de I.R.C. , de los intereses de las cuentas de ahorro que pueda percibir en un  año un ciudadano de a pie, con el impuesto del 1 % que grava a las Sicav’s, sociedades de inversión exclusivas de las grandes fortunas. Le hacía notar que el capital mínimo exigido a este tipo de sociedades es actualmente 2.400.000 euros, cifra al alcance de muy pocos y muy ricos.

En estos términos transcurría la conversación, cuando, cambiando de tema, me hizo ver que como consecuencia de los recortes, han descubierto recientemente  nuestros actuales gobernantes, empresas públicas inactivas desde 1992, con consejeros cobrando suculentas retribuciones. Claro está, esos consejeros procedían de los semilleros de los dos principales partidos políticos. Me hacía ver, lo fácil que sería evitar esto con un control un poco más fino.

          Mi interlocutor evitaba entrar en debate sobre temas fiscales. Por el contrario, yo le quería hacer ver que un presupuesto nacional, además de nivelarse con recortes, se puede nivelar con incremento de ingresos. De esta forma le recordé que el fraude fiscal estimado en España es de unos 70.000 millones de euros al año; y que solo las grandes empresas y las grandes fortunas, en 2.010, evadieron  a Hacienda 42.711 millones de euros, según informan los técnicos de Hacienda. Y que las cuotas de IVA defraudadas en el último año se estiman en 18.000 millones de euros. Como digo, a mi vecino Álvaro le costaba entrar en este terreno. Mientras yo le argumentaba que si los políticos de turno quisieran de verdad luchar contra esa lacra del fraude fiscal tan escandaloso, el resto de ciudadanos no tendríamos necesidad de apretarnos más el cinturón, él me contestaba que “eso es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo”. Me indicaba un argumento que he oído repetidamente y que no me convence: “¿Y si se llevan su dinero a otro país?”. Yo le rebatía que, evidentemente, será difícil luchar contra el fraude fiscal si nadie quiere hacerlo. Mi postura era la de  exigir a nuestros políticos esa voluntad de hacerlo. Si no quiero hacer algo, malamente lo voy a hacer. Si además nuestros políticos están permanentemente “liados” con elecciones municipales, autonómicas, generales, europeas, … y tienen que “cuidar su escaño”, ¿cómo van a ocuparse de este espinoso tema, que a lo mejor les priva de su saneado sueldo?. Mi vecino callaba.

           En el siguiente cruce de calle, cambió su rumbo, nos despedimos y acabó esta conversación.

           Se me olvidaba. Mi vecino Álvaro fue presidente del Tribunal Constitucional y supongo que tendrá argumentos jurídicos de suficiente peso, para comentar y mantener fervientemente lo difícil que es luchar contra el fraude fiscal. Mi formación jurídica aunque es “de andar por casa”, me permite discernir que si de verdad se quiere luchar contra esta lacra social, se puede hacer: no es imposible. ¿O si?.